SE REDUCE LA PRESIÓN FISCAL SOBRE LOS ESTABLECIMIENTOS HOSTELEROS

El pleno de la Mancomunidad ha aprobado ajustes en la tasa de recogida de los residuos que afecta a las pymes

Los establecimientos hosteleros que puedan demostrar los tres meses de inactividad mediante baja censal quedarán exentos de la tasa municipal de recogida de residuos durante ese tiempo. Es una de las novedades aprobadas hoy por el pleno de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. Esta modificación en la ordenanza fiscal deviene del nuevo acuerdo alcanzado en el consejo de administración de ARCGISA, la empresa mancomunada que asume este servicio de limpieza urbano. Además, la facturación de buena parte de los bares tarifeños bajará en un veinte por ciento.

Buenas noticias llegan para muchos empresarios hosteleros de Tarifa. Los bares de cuarta categoría verán reducido su impuesto por la recogida de basura en un 20 por ciento. Es una de las modificaciones aprobada hoy por el pleno de la Mancomunidad tras el traslado del acuerdo por el Consejo de Administración de la empresa ARCGISA, que asume este servicio de limpieza en los siete municipios de la comarca.

Es la primera respuesta dada a los empresarios que pasan graves aprietos en la actualidad pero no es la única. Aquellos que puedan acreditar su inactividad durante tres meses mediante baja censal se verán exentos de pagar este impuesto. El alcalde de Tarifa, Juan Andrés Gil que acudía hoy al referido pleno de la institución comarcal, lo anunciaba así. “Son malos tiempos para todos, dice el gobierno, pero los empresarios asumen gastos especialmente cuantiosos en temporadas de baja como el invierno. Los cambios aprobados en esta nueva ordenanza fiscal son especialmente adaptables a la situación de Tarifa y supondrán una mejora en la situación de muchos”.

La intención es la de apoyar al empresario que es motor económico y que padece especialmente la presión fiscal.

Con respecto a la tasa que grava la recogida domiciliaria de los residuos urbanos, el citado pleno mantiene los precios públicos ajustando el incremento previsto en el IPC.